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​ La Audiencia Nacional, en una sentencia reciente, obliga a TRAGSA a publicar los encargos directos que recibe de las Administraciones Públicas, cumpliéndose así las reivindicaciones de varios sectores afectados por la competencia injusta y desleal que supone la omnipresencia de TRAGSA.

Un primer análisis de las cifras de los encargos (antes encomiendas), revela un importe total entre 2014 y 2016 de más de 1.500 millones de euros de encargos directos de las distintas Administraciones Públicas a la empresa TRAGSA.

ASEJA, junto con otras asociaciones llevan años denunciando el abuso que suponen las encomiendas de gestión a TRAGSA, habiéndose encontrado hasta ahora con un oscurantismo por parte de TRAGSA a la hora de solicitar información de estos encargos. Según los datos del sector se habría producido un ahorro en torno a 300 millones de euros a las arcas públicas en caso de haber acudido a licitación pública en estos encargos directos.

Debe denunciarse que, en su mayoría, los proyectos y obras que se encomiendan no contienen justificación de urgencia o necesidad alguna y se realizan obviando la transparencia de las adjudicaciones públicas. Destacan las contrataciones de obras de restauración paisajística, obras y servicios forestales, regadíos, vías verdes, caminos rurales, etc… Esta situación se agrava cuando adicionalmente TRAGSA subcontrata con terceros un porcentaje muy importante de los trabajos que le son encomendados, sin someterse a los criterios de la licitación pública. Es decir los encargos directos a TRAGSA se convierten de hecho en una forma de realizar adjudicaciones directas sin control alguno por los órganos encargados de velar por la transparencia y legalidad de la contratación pública.

La utilización de encargos directos más allá de los casos excepcionales, supone además de incumplir la normativa europea sobre medios propios, unas disfunciones de la competencia que ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes.